Las posibilidades de la democracia
en América Latina: entre la topía
de las nuevas democracias
y la utopía de Nuestra América *

Yamandú Acosta

I. El autoritarismo no es el pasado del presente democrático,
sino su condición de posibilidad.

¿Es el autoritarismo la «verdad» de las nuevas democracias latinoamericanas?
Tal vez sea arriesgar demasiado, afirmar que el autoritarismo es la «verdad» de las nuevas democracias en América Latina. Tal vez sea un exceso de cautela teórica no preguntárselo. Más orientada hacia el riesgo que hacia la cautela, la pregunta formulada  y la respuesta implícita en su formulación, profundizan algunas consideraciones  acerca de la identidad de estas nuevas democracias latinoamericanas. 
Como lo han destacado diversos analistas, las nuevas democracias latinoamericanas son inevitablemente posautoritarias. Ese posautoritarismo oscila entre  la condición manifiesta de un pasado superado por el presente democrático que exhibe una elocuente dinámica de actores, instituciones y procedimientos, y la condición latente de la omnipresencia de un autoritarismo, que invisibilizado tras los contenidos manifiestos consituye el fundamento cultural profundo de nuevas democracias carentes de pacto auténticamente democrático fundante, o en las que el eventual pacto posautoritario ni siquiera ha configurado una restauración de la cultura democrática preautoritaria, sino que ha profundizado los fundamentos de la refundación cultural autoritaria, ahora posibilitantes de estas nuevas democracias y de su pretensión de legitimidad.
Esos dos sentidos del posautoritarismo de las nuevas democracias, aparentemente opuestos, en realidad se solapan complementándose funcionalmente en la reproducción de democracias «de baja intensidad»: el posautoritarismo como la superación de un pasado antidemocrático que se exhibe en el libre juego de las instituciones y los actores democráticos y especialmente, lo que no es menor, en el creciente respeto de los derechos humanos al superarse la indefensión de la sociedad frente al terrorismo de estado, se despliega como la cara social visible y amigable que potencia una consolidación democrática no intencionalmente legitimante de un posautoritarismo cuya omnipresencia posibilita al invisibilizarla, fundamento profundo del «libre» juego de las instituciones y los actores democráticos, determinante de sus condiciones de posibilidad y sus límites, que eventualmente puede tornarse visible con su cara poco amigable para recordar aquello que podría volver a pasar en caso de que no obstante respetar las instituciones, los actores democráticos políticos, sociales y económicos, llegaran a transgredir su espíritu1 ; que pretendiendo ser la expresión de un pacto democrático, lo es realmente de un pacto autoritario-conservador que se ha apropiado de los ropajes de la democracia. 
El autoritario discurso de la Seguridad Nacional ha sido sustituido por el democrático discurso de la gobernabilidad, y las Paradojas de la Democracia son transformadas discursivamente  en la Democracia como Paradoja (Rico, 1999). 
En la medida en que el discurso de la gobernabilidad en sus expresiones más visibles, pueda ser señalado como el modelo doctrinario de reaseguro del orden democrático realmente existente, que ocupa el lugar del discurso de la Seguridad Nacional que impulsó doctrinariamente el reaseguro del orden en las irrupciones visibles del autoritarismo en el Cono Sur de América Latina; en la medida en que esa sustitución pueda ser evaluada, no como un desplazamiento en función de sentidos divergentes, sino en razón de diferentes oportunidades estratégicas para la afirmación de un mismo sentido; la caracterización de las nuevas democracias como «Democracias de Seguridad Nacional» (Hinkelammert, 1990b) puede a su vez evaluarse como plenamente vigente. 
Mientras las paradojas constituyen tensiones de diversa procedencia (ideológica, política, social, económica, cultural) que han acompañado históricamente a las democracias en el curso de la modernidad, haciendo de la Democracia el ámbito idóneo para resolverlas en el proceso mismo de su autoconstrucción; «la Democracia como Paradoja», transformación posautoritaria, bloquea la Democracia como espacio de resolución de esas tensiones, tendiendo a «justificar y legitimar discursivamente como positivos, modernos o pragmáticos, los contrasentidos, defectos y hasta fallas de la democracia. Esto último, sobre todo en las democracias posdictaduras en la región, en vez de operar como una tensión latente se convierte en una fuente de conflictos permanentes, que afecta la credibilidad, el entusiasmo y el sentido común de la gente sobre la democracia» (Rico, 1999: 155). 
En esa línea de preocupaciones teóricas, Alvaro Rico recuerda el artículo de Gino Germani Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna, en el que sostiene la siguiente tesis: «los procesos de modernización y desarrollo económico que sustentan la democracia moderna «encierran contradicciones intrínsecas que pueden en algunos casos impedir el surgimiento de regímenes democráticos, y en otros llevar a su desestructuración», incluso al totalitarismo, como forma «pura» del autoritarismo moderno» (Rico, 1999: 155). 
Tomamos la tesis de Germani para hacerla nuestra e intentar ir más allá de ella. En lugar de suponer, como parece el caso del planteo de Gino Germani, que los procesos de modernización pueden llevar a la desestructuración de regímenes democráticos, derivando en el totalitarismo como forma «pura» del autoritarismo moderno; proponemos suponer que, en tanto el autoritarismo parece ser  la «verdad» de las nuevas democracias y por cuanto el totalitarismo parece ser la «verdad» del autoritarismo moderno, la «verdad» de las nuevas democracias en tanto expresión última de modernidad (posmodernidad) democrática, radica en el totalitarismo2 . 

II. El autoritarismo como condición de posibilidad de la democracia se ha totalizado: la democracia es hoy la apariencia de la que se reviste el totalitarismo.

Las tendencias estructurales del capital global ponen en crisis a los estados nacionales (Holloway, 1992; Dierckxsens, 1998) por cuanto la «matriz mercadocéntrica» (Cavarozzi, 1991) que tiende a consolidarse impones sus propias fronteras que «desterritorializan» (García Canclini, 1990, 1995; Dierckxsens, 1998; Baumann, 1999) los centros de decisión pensados desde la tradicional «matriz estadocéntrica», con lo que «la cuestión de la democracia» se ve interferida por «la cuestión del estado»3  (Ortiz, 1996, 1997) de la que no puede ser separada en cuanto a sus condiciones de posibilidad, pero de la que debe ser teóricamente deslindada para dar cuenta de la misma, por la adecuada visualización de los modos de su articulación (Borón, 1997). Habida cuenta de la centralidad del estado en América Latina, especialmente en el período 1930-1970 como espacio de representación de la heterogeneidad social, articulación y satisfacción de sus demandas, «la cuestión del estado» en la ruptura que supone el pasaje abrupto de una matriz a otra, afecta radicalmente la tradicional lógica de lo público y por lo tanto las condiciones sociales y culturales de producción de democracia y por lo tanto de democratización o, lo que es lo mismo mirado desde la democracia, las condiciones democráticas de reproducción de la sociedad y su cultura.
La doble determinación relativa al nivel de la omnipresencia del autoritarismo de nuevo tipo y respecto a las tendencias estructurales que quiebran las fronteras tradicionales, ponen en el centro del debate «la cuestión de la soberanía», central a la posibilidad de la democracia. Si como sostiene Carl Schmitt, «soberano es quien declara el estado de excepción» (Hinkelammert, 1990b) y esta capacidad queda radicada en última instancia en las FFAA intramuros de los estados nacionales o en los gobiernos de los países más poderosos por su peso en las organizaciones internacionales, su capacidad de ingerencia  al interior de los estados más débiles y su articulación con los centros transnacionales de decisión extramuros del mismo, con el problema adicional de que la responsabilidad por las decisiones tiende a invisibilizarse por el desplazamiento de la misma a la dinámica del sistema, el «lugar de la soberanía» parece perderse en lo que hace a su irrenunciable anclaje democrático. 
Una buena pregunta para estimar la vigencia de la democracia en el mundo y especialmente en los países de América Latina, puede ser entonces: ¿cuál es el lugar real de la soberanía? En la hipótesis aquí esbozada puede pensarse hoy en un vaciamiento de fundamento democrático, al resultar el pueblo desplazado del lugar de la soberanía por fuerzas que en buena medida no lo representan, objetivamente articuladas de un lado y otro de las fronteras del estado, escamoteo de la soberanía que no obstante su carácter singular, tal vez no pueda evaluarse como excepcional. En el marco de este círculo determinista, la gestión de los representantes en el estado, transforma  a «la política como arte de lo posible» en «arte de hacer posible lo necesario». Embretado entre el poder sistémico global y el poder militar interno -muchas veces coincidentes, otras contrapuestos-  el gobierno y el sistema político al que pertenece, expresan una triple crisis social: de representación, de participación y de identidad (García Delgado, 1994ª), desde que el legítimo soberano parece autopercibirse en la medida en que logra superar la fragmentación, o bien desconocido en el ejercicio de su soberanía, o bien legítimamente ajeno a «la cuestión de la soberanía». 
Esta presunta percepción del estado como lugar de la enajenación de la soberanía, cuando debiera ser el de su legítima expresión institucional, sobredetermina su crisis por demandas desde la base social mayoritaria de las poblaciones nacionales, que se confrontan con las que «desde arriba y desde afuera» han dejado de percibir al estado como el lugar de amparo de la demanda de igualdad social, para percibirlo como promotor de las libertades del mercado. Ello significa la percepción de la creciente exclusión social como libertad. El estado resulta jaqueado desde «abajo» por demandas democráticas de mayor igualdad y desde «arriba» por demandas liberales de mayor libertad. Las primeras reclaman una mayor presencia del estado en lo social y una consecuente reducción de su papel represivo; satisfacción de las demandas en lugar de represión de las mismas. Las segundas abogan por una desregulación, por la que el estado no afecte negativamente la dinámica del mercado, lo cual supone su creciente ausencia en referencia a la satisfacción de las demandas sociales y su sustitución por políticas asistenciales focalizadas (Vilas, 1994) articuladas con el acrecentamiento de su papel como estado policial. 
El discurso desde el estado ha expresado en las democracias posdictatoriales latinoamericanas su mayor sensibilidad frente a las demandas que proceden desde «arriba» y desde «afuera». Alvaro Rico condensa dicho discurso en tres razones principales por las que para el caso uruguayo se ha apuntado a la consolidación institucional de la democracia. Siendo el caso uruguayo seguramente singular, probablemente no es excepcional, por lo que, hecha la salvedad de la singularidad de todos los casos, puede ser en buena medida representativo de algunos de ellos: «A. El pasaje del orden político democrático a la democracia como orden, un principio de legitimación del poder sistémico; B. La construcción de una dimensión cotidiana no-política del orden político que asegure el disciplinamiento ciudadano. Y , ello, a través de dos mecanismos principales: a) los mecanismos económico-financieros del consumo y b) los mecanismos policiales de la seguridad ciudadana; C. La transformación de los argumentos estatales que justifican el orden en ‘sentido común’ ciudadano para obedecer y el ‘consenso unánime’ de las élites sobre las virtudes de la democracia como orden y la ‘falta de alternativas’ al mismo» (Rico, 2000: 245). 
No es del caso aquí efectuar la lectura del análisis de estas tres razones esgrimidas por el discurso desde el estado posdictatorial uruguayo que efectúa Alvaro Rico (Rico, 2000: 245-251). Alcanza aquí con constatar «la democracia como orden político del poder económico globalizado», legitimadora del poder sistémico que a través de los mecanismos descriptos generan obediencia ciudadana y consenso de las élites acerca del círculo virtuoso de tal democracia para el cual no hay alternativas. Resulta así una totalización sistémica de la democracia, que en la hipótesis que aquí se propone debe ser visualizada como totalitarismo. 

III. La utopía de Nuestra América

Nuestra América de José Martí condensa en 1891 para esta América que desde ese texto fundante suele identificarse con su título, una utopía de unidad, revolución y democracia. No obstante no pertenecer al género utópico, cumple Nuestra América cabalmente la función utópica (Roig, 1987; Fernández, 1995). Sabido es que la utopía supone una doble relación con la topía, se construye a partir de ella, encontrando en la misma sus sentidos (Roig, 1987; Ainsa, 1990 y 1997, Fernández, 1995), entre los cuales está el de la crítica de esa realidad dada y la orientación del comportamiento en relación a la utopía como idea reguladora (Roig, 1987, Hinkelammert, 1990, Ainsa, 1990 y 1997, Fernández, 1995). Desde una topía que presentaba división, dominación externa y opresión interna, la utopía nuestroamericana formulada por Martí, postula unidad, revolución y democracia,  entonces presentes como exigencias ético-políticas.
Puede estimarse que en distintos contextos epocales, los proyectos históricos emergentes en América Latina y el Caribe, se han articulado preferentemente sobre uno de estos referentes utópicos, sin que ello haya significado en ninguno de los casos la exclusión de los otros. 
En la topía martiana, la de fines del siglo XIX, la unidad fue probablemente el referente utópico central de proyectos históricos que involucraban también revolución y democracia. El referente de la unidad, de la integración en la libertad había tenido centralidad en la gesta emancipadora emblemáticamente expresada en Simón Bolívar (Zea, 1978), manteniéndola en el tramo final del siglo XIX, en el que es resignificado discursivamente al atender no solamente a la unidad de la pluralidad de los individuos o de los estados en procura de una unidad política, sino también y fundamentalmente a la unidad de la pluralidad de razas y culturas, unidad cultural, así como de sectores y clases, unidad social4 . La centralidad del referente de la unidad en este manifiesto de identidad cultural, política y social, entendida como la articulación de una pluralidad posibilitada por la reciprocidad de los reconocimientos, es acompañada por el referente de la revolución5  en el sentido fuerte de sustitución del sistema funcional a los intereses (económicos, políticos, culturales) de los opresores entonces vigente, por la afirmación de un sistema alternativo construido sobre el criterio de los intereses de los oprimidos. También el referente de la democracia6  en términos de participación incluyente de todos los afectados por las decisiones, más en la línea de la democracia como «gobierno del pueblo» que como «gobierno de los políticos» (Nun, 2000), acompaña en perfecta relación de complementariedad a los de la unidad y la revolución.
Nuestro siglo XX corto7 , puso a la revolución en el centro del proyecto histórico emergente que más lo caracterizó. La revolución aparecía como la condición para la unidad tanto frente a la balcanización imperante desde las luchas de independencia como a la fragmentación de las sociedades nacionales, y también para una democracia real de eje social e identidad socialista, que habría de ocupar el lugar de la democracia formal de eje político e identidad liberal. 
El fin del siglo XX corto está marcado para nosotros, por un desplazamiento del eje del proyecto histórico  desde la revolución a la democracia, cambio de eje que fue acompañado por la discusión teórica (Lechner, 1986). El desplazamiento en el eje del proyecto histórico, de ser correctas las hipótesis ya avanzadas, más que en una restauración de las democracias pre-dictatoriales, consistió en una refundación autoritario-conservadora de la democracia, que nos deja instalados en el siglo XXI ya iniciado, en la topía de las nuevas democracias. 
Desde esa topía, el proyecto histórico emergente de democratización de las nuevas democracias, resignifica la centralidad histórica y utópica de la democracia. La democracia deja de ser el muro de contención de la revolución orientada a la realización de la democracia real, de eje social y de identidad socialista, o marco de consolidación de la democracia, de eje mercantil,  de identidad autoritario-conservadora (totalitaria), para emerger como referente de democratización de la democracia, sustantividad y procedimentalidad resignificadas y resignificadoras tanto del referente histórico-utópico de la revolución, como del de la unidad.
Desde las nuevas democracias fundadas sobre un pacto autoritario-conservador, democracias sistémicas, por las que tiende a consolidarse en términos de totalización como la democracia, un «sistema» conveniente «a los intereses y hábitos de mando de los opresores», Nuestra América provee los fundamentos para un pacto democrático fundante de democracias anti-sistémicas, capaces de quebrar esas totalizaciones, discerniendo su talante autoritario-conservador que busca invisibilizarse y legitimarse tras un atuendo democrático-liberal. La democratización de las democracias es antisistémica en tanto busca «afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores». La democratización de las democracias operada sobre el referente utópico de Nuestra América articula lo sustantivo de la democracia con lo procedimental.  Al hacer «causa común» «con los oprimidos» marca su orientación  (económica, política, cultural) incluyente al hacer de la causa de los «oprimidos» una «causa común», un criterio transparente de bien común que enfatiza una sustantividad democrática por la que el sistema antisistémico apuntará a superar las situaciones de opresión. Al postular «la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros», establece los ejes procedimentales de una democracia participativa universal incluyente como alternativa a las tecnodemocracias delegativas que hoy vacían de democracia a las democracias. 
Nuestra América es además taxativo en la centralidad del espíritu las instituciones, por sobre la de las instituciones mismas: «El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu» (Martí, 1981/1992/: 484).  Si la cuestión ahora no es la de la independencia sino la de la democracia, el valor del cambio institucional estará supeditado a un cambio de espíritu para que la democracia participativa universal incluyente con un sentido sustantivo de bien común, significará una revolución democrática y democratizadora de la democracia, así como una refundamentación de la unidad tanto dentro de los estados como entre ellos. 
Nuestra América es además un texto fundacional en términos de democracia, revolución y unidad, tanto culturalmente válido como vigente8 . Su validez reside en el valer de sus propuestas, su vigencia en que esas propuestas válidas no han sido realizadas. 
Nuestra América como expresión, tiene una rica ambigüedad: habla de una América que pretendemos «nuestra» aunque no lo sea y por lo tanto de un pretendido «nosotros» eventualmente inexistente; desafía por lo tanto a la articulación de ese «nosotros» -construcción democrática por excelencia-, condición necesaria aunque tal vez no suficiente, para que esa América pueda ser realmente Nuestra América. En esa rica ambigüedad se juega lo central de la función utópica de este discurso: nos viene mostrando a «nosotros» los latinoamericanos cuán lejos estamos de la articulación de una tal vez inalcanzable «nosotros» pleno y, de esa manera, aún en la hipótesis realista  en los términos del realismo político como arte de lo posible de la inalcanzabilidad de esa plenitud lo que implicaría generar los peligros de la ilusión trascendental (Hinkelammert, 1990ª), nos permite discernir criterios, formas, instituciones, sistemas y procedimientos que ya de modo intencional, ya no intencionalmente, implican una orientación de dirección inversa a esa plenitud utópica, en la aceptación de lo dado propio del realismo dominante que se pliega a la normatividad de lo fáctico y que transforma el arte de lo posible, en arte de hacer posible lo necesario.  

IV. Utopía y realismo político: la producción de lo posible

Nuestra América,  en función de su validez que asegura su vigencia, al fundar la articulación de un «nosotros» en términos de interculturalidad que respetando las diferencias que no impliquen asimetrías en una política del reconocimiento que promueve un universalismo incluyente de raíz pluriversal y de sentido no-homogeneizante (Fornet-Betancourt, 1994, 1998, 2000), orienta - y ello marca probablemente una diferencia con el multiculturalismo-, a la superación de la fragmentación social y cultural vigente, que se proyecta políticamente en la resignación de la política (racionalidad estratégica) a los límites de la economía (racionalidad técnica). 
En un universo social conflictivo, como lo es sin duda el de América Latina y el Caribe, el referente de Nuestra América, porque puede ser recuperado debe serlo (y porque debe ser recuperado puede serlo), como oferta de sentido en un universo discursivo en el que en buena medida se expresan las luchas de ese universo social desde que lo integra como uno de sus niveles. Nuestra América puede aportar hoy como hace 110 años a la articulación de «un sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores». Ello supone la constitución de una subjetividad (Fernández, 1995) o afirmación del ser humano como sujeto (Hinkelammert, 1990ª y 1999) que desde la democratización sistémica y la fragmentación que le resulta funcional en la topía de Nuestra América, se encuentra negada por la construcción sistémica de los seres humanos como actores del sistema, construcción para la que cuenta con el referente crítico-regulador  de Nuestra América, desde el cual discernir críticamente tanto democracias como integraciones sistémicas; en relación a la cual desplegar la función liberadora del determinismo legal al mostrar que las democracias y las integraciones que se imponen sistémicamente no son democracias e integraciones por naturaleza frente a las que no hay alternativas, así como hacer lugar a la función anticipadora de futuro con la capacidad de realización de democracia e integración posibles que por la referencia a una democracia e integración otras en términos de plenitud utópica, no quede reducido el futuro a la extensión del presente9 .
La eticidad (Sambarino, 1959; Arpini, 1997) aparece de esta manera referida a un fundamento ético, pero en términos de una ética necesaria (lo cual no quiere decir inevitable) como criterio para todas las éticas opcionales (Hinkelammert, 1999). La constitución del sujeto o afirmación del ser humano como sujeto, esto es, desde el sistema pero más allá y de él y frente al mismo en una ética del bien común que se corresponde con el hacer «causa común « con los «oprimidos» (incluyendo a la naturaleza), implica el despliegue de los criterios de una racionalidad práctica como marco de posibilidad, para los de las racionalidades  estratégica y técnica que a su vez la hacen posible.
Conforme a lo ya señalado (Cfr. nota 3) la sociedad configura el espacio real y potencial de construcción de sujeto antisistémico y por lo tanto de una sustantividad y procedimentalidad democráticas que frente a la gobernabilidad sistémica, recupere frente a la línea hegemónica de la democracia como «gobierno de los políticos», la de la democracia como «gobierno del pueblo». Ello no significa dejar fuera de lugar a la «sociedad política» y suplantarla por la «sociedad civil»: se correría el riesgo de cambiar de corporativismo. 
En todo caso hay una razonable expectativa puesta en la sociedad civil        (Flisfisch, 1987; Gallardo, 1995) y en los movimientos sociales (Gallardo, 1994; García Delgado, 1994b; Vilas, 1995; Calderón, 1997) como espacios de radicalización democrática y fuentes de nueva ciudadanía, que en términos de participación democrática suponen la presencia «de la razón de todos en las cosas de todos» en lo procedimental,  y de articulación sobre las «necesidades» de los «oprimidos» en lo  sustantivo. Esta articulación de lo sustantivo con lo procedimental hace lugar a una mayor fuerza de esta orientación democrática alternativa en el sentido de «otra democracia» (Franco, 1994), con una esperable capacidad para acotar las determinaciones totalitarias y totalizantes del mercado en el espacio de articulación del estado, al llenar de participación con sentido de afirmación universalista incluyente a democracias,  en las que una identidad profunda delegativa, asoma de manera cada vez más visible sobre una identidad superficial representativa. 
Para cerrar, unas consideraciones recientes de José Nun, perfectamente convergentes con lo hasta aquí desarrollado:
«...hace falta que la viabilidad democrática se vuelva verdaderamente atractiva para las mayorías; y la única manera de lograrlo es apostando fuerte a una democracia de alta intensidad, que no figura en los planes de las grandes burguesías vernáculas y extranjeras. Pero esto exige que la lucha contra la desigualdad sea asumida como primordial y que inventemos entre todos nuevas formas institucionales que complementen, transformen y amplíen las existentes, pues de lo contrario la experiencia señala que éstas son un plano inclinado que lleva al mantenimiento del statu quo o a algo peor» (Nun, 2000: 174).  Nuestroamericanamente se trata de crear nuevas formas institucionales y no simplemente de reproducir las sistémicamente imperantes. Pero también nuestroamericanamente, la apuesta no es meramente a las instituciones a ser creadas, sino al espíritu orientador de su invención y sentido, «la lucha contra la desigualdad» desde una topía que signada por la profundización de la misma, encuentra orientación para la realización histórica en un proyecto democrático vertebrado sobre la utopía de la igualdad, que expresa el «nosotros» de Nuestra América en términos de plenitud. Se trata, en última instancia,  de afirmarse como sujetos a través de la creación de formas institucionales alternativas a las que impiden esa afirmación, pero sin renunciar tampoco frente a ellas a esa, nuestra condición de sujetos y con ella a la soberanía.  

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