“Universalidad” e “Identidad” de la Política, la Democracia y los Derechos Humanos

Alejandro Serrano Caldera

1. INTRODUCCIóN

Comenzaremos tratando de establecer la relación entre la política, la democracia y los Derechos Humanos y la universalidad e identidad de cada uno de estos conceptos.
La democracia es una forma, la más significativa del ejercicio de la política; la política, el quehacer de la polys, el Estado-Ciudad, el que incluye lo que hoy llamaríamos las instituciones públicas y la sociedad civil; y los Derechos Humanos, el núcleo esencial del Estado de Derecho y, en consecuencia, de la democracia.
Se pretende que cada uno de ellos en sí mismos, y en su necesaria relación, tenga su propia identidad y tenga también un valor universal. La universalidad de la política en Atenas, se derivó de la universalidad de los fines, el bien común, y de los valores, la justicia, en los que se conciliaban los intereses individuales de los habitantes de la polys, particularmente de los ciudadanos, con el interés colectivo de la ciudad.
En el mundo contemporáneo, también los medios tienden a volverse universales, ocultando la esencialidad de los fines. Los recursos tecnológicos se han venido transformando en fines en sí mismos, y el ser humano, verdadero destinatario de los procesos históricos, en un medio digitalizado que pone en marcha la lógica y los procesos autónomos de la tecnología.  Por otro lado, las teorías de la ingeniería política y jurídica han transformado a las instituciones de medios para garantizar las reglas del juego político en fines del mismo.  La legalidad, que es el medio en que debe adquirir la legitimidad su expresión formalmente válida, se ha transformado en un fin en sí misma y del Estado de Derecho.
La universalidad de los Derechos Humanos por su parte proviene de dos fuentes: los Derechos Naturales y el Contrato Social.
En cuanto a la identidad de la política y de la democracia, ésta sigue consistiendo en la búsqueda de los medios apropiados para lograr el fin principal de las mismas que es la realización del bien común. El reto de hoy consiste en adecuar los medios  a los nuevos contenidos del fin esencial. El bien común de hoy implica nuevas exigencias y nuevos contenidos.
Los requerimientos de felicidad del hombre contemporáneo, no son los mismos requerimientos del griego del siglo V antes de Cristo, ni del hombre del Medioevo, del Renacimiento, de aquel del inicio de la Modernidad, o inclusive del ser humano de hace tres décadas.
Para usar la idea y el lenguaje de Norberto Bobbio, el juego ha cambiado pero las reglas del juego siguen siendo las mismas.  El primer desafío consiste pues en ajustar las reglas del juego al juego mismo, o dicho en otra forma en adecuar los medios a los fines, pero sobre todo, en revisar la legitimidad de los fines, empeño en el que entra ya la Etica, el ethos de nuestro tiempo, en el planteamiento y búsqueda de la solución del problema.
Establecidas en estas consideraciones las ideas preliminares acerca de la universalidad e identidad de la política, la democracia y los Derechos Humanos, y la necesaria relación entre ellos, trataremos a continuación de estudiar en sí mismos y, por supuesto de manera breve, cada uno de estos conceptos.

2. LA POLíTICA

En América Latina el problema de la política está afectado, cuando menos, por una doble circunstancia: la que consiste en la disociación entre el universo real y el jurídico político; y la que se refiere al proceso de estandarización que emana de la aplicación indiscriminada del modelo neoliberal y que afecta lo que han sido los fundamentos mismos de la política en la modernidad. En cuanto a la primera circunstancia, algunos pensadores latinoamericanos se han detenido en su estudio, de manera particular Carlos Fuentes que ha llamado a este fenómeno “la separación esquizoide del derecho y la práctica” y Octavio Paz que habla de dos universos separados y contrapuestos: el país legal y el país real.
Esta dicotomía salvando las características propias y diferentes grados de desarrollo de cada uno de los países de América Latina, consiste en tener por un lado un país moderno enunciado en los textos constitucionales que refleja una situación propia de los países económicamente desarrollados y de donde fueron transferidos esos principios jurídicos; y, por otro, el país real pre-moderno, con una economía semi-feudal y con una práctica confrontativa y polarizada.  El ciclo aún no concluido de la violencia y de la crisis política en los países de América Latina a lo largo de toda su historia republicana tiene, junto al clásico problema de la injusticia económica y social, otra expresión no menos cierta que es la ausencia de una categoría fundamental de la conciencia histórica, la ausencia de la conciencia del principio de legalidad o institucionalidad.
Cuando el modelo de Estado y de Gobierno y el sistema político en general no son partes de la cultura nacional, sino una forma foránea, superpuesta y sin contenido propio; y cuando la Nación entera, gobernantes y gobernados, no sienten que el modelo político-jurídico, ni el sistema de Gobierno, son expresiones de su propio ser individual y colectivo, la actuación pura y simple y la práctica de facto devienen la principal categoría moral y política y la norma de conducta y acción. El problema de la identidad política del latinoamericano está estrechamente ligado al problema de la legitimidad del poder.
En términos generales y salvo excepciones que confirman la regla, en la historia republicana de América Latina la institución ha existido débilmente; existe más como mecanismo externo, como instrumento para facilitar el ejercicio del poder. La historia de América Latina ha sido de escepticismo acerca del principio de legalidad. Salvo excepciones se puede decir que casi nadie, ni gobernantes ni gobernados han creído en el principio de la legalidad. En el mejor de los casos lo han utilizado para dar cierta apariencia a las decisiones y acciones de facto.
Pero el problema es todavía más profundo pues no sólo no se ha fundado nuestra legitimidad política en el principio de legalidad, sino que en no pocas ocasiones se ha usado éste como si se creyese efectivamente en él y se ha construido a su alrededor un discurso de legitimación del Derecho y de la constitucionalidad en el cual no creen ni quienes lo dicen, ni sus partidarios, ni sus adversarios.
Se genera así una nueva esquizofrenia de la fractura y separación de dos universos: el universo de la práctica y el universo del discurso. Se crea así una especie de regla implícita, una suerte de “ética” política tácita en la que el discurso no sirve para expresar sino para encubrir.
En el fondo permanece como precipitado de nuestro actuar la idea de que la fuerza es la verdad de la historia, su razón de ser, cualesquiera que sean las formas o reformas, los textos o pretextos con que se la quiera recubrir.
La necesidad de la legitimidad y de la institucionalidad jurídica y política es un imperativo impostergable, en mayor o menor grado y de acuerdo a sus especificidades, para las naciones de América Latina.
En cuanto a la segunda circunstancia, que se refiere al proceso de standarización planetaria, habría que decir que éste no sólo fija las reglas de las economías nacionales subordinadas como nunca antes, a los centros hegemónicos y a las tendencias dominantes de las relaciones económicas internacionales, sino que incide también en las organizaciones sociales, políticas y culturales de carácter nacional y en la propia definición de la política con la que se inauguró la modernidad.
Dentro de este orden de ideas es perceptible que la autonomía de la política se debilita por la determinación que sobre ella ejerce la economía y el Estado-Nación pierde autonomía por la transnacionalización de los procesos, a la vez que se endurece ante la sociedad nacional como fuerza transmisora de las políticas transnacionales.
La transnacionalización y globalización de la economía están llevando a la transnacionalización de la política y por ende del poder y del Estado-Nación, su principal instrumento, cuya naturaleza y estructura se ven afectadas en la práctica por esos mismos fenómenos.
Ante una situación semejante, y además de la cooperación Norte-Sur, pareciera imprescindible, mediante políticas concertadas con los demás países de América Latina y de los países de lo que se conoció como el Tercer Mundo y a través de una estrategia de cooperación Sur-Sur, formular propuestas alternativas de desarrollo a partir de políticas sociales, de estabilidad, generación y promoción del empleo y propiciar políticas de inversión de capital para aplicarlo a la producción y a la productividad. Políticas nacionales de educación y de coordinación de éstas con las estrategias de desarrollo nacional y regional.
Pareciera necesario para los países de América Latina, con las diferencias que cada situación establece, combinar armónicamente la economía de mercado y el papel del Estado como impulsor de medidas que garanticen la justicia social, el empleo y la adecuada distribución del ingreso.
De importancia se percibe la formulación de mecanismos específicos orientados al fortalecimiento y desarrollo de la ciudadanía, como eje central del quehacer político actual para los países de América Latina. 
En cierto sentido estamos viviendo una crisis de la política que yo formularía en cinco tesis, acompañada cada una de ellas de su propuesta respectiva.
Tesis 1:  Hay una crisis de representatividad. Los representates no representan los intereses de los representados. Se requiere que los representantes recuperen parte de la representación. Esto implica todo un diseño teórico e institucional de participación ciudadana y de democratización de los Partidos Políticos para que los representantes actúen, más que como correa de transmisión de la voluntad de sus Partidos Políticos, como expresión de la voluntad popular que representan.
Tesis 2: Hay una crisis de legalidad y de institucionalidad. Se negocian la Ley y las Instituciones en los Pactos Políticos. Debe fortalecerse el imperio de la Ley y la presencia de las Instituciones en todo el desarrollo de la vida social y política de los países.
Tesis 3:  Hay una crisis de legitimidad. La Ley y las Instituciones en aspectos esenciales no representan la voluntad general, sino el interés particular. La Ley formalmente válida debe responder al interés colectivo. Toda legalidad por tanto debe ser al mismo tiempo legitimidad.
Tesis 4:  Hay una crisis de la conciencia de la institucionalidad sobre la cual hemos tenido una percepción crepuscular. La comunidad debe percibir que la Institución es la causa y el cauce del poder, el Derecho un sistema de límites al poder, y el poder lo que la Ley dice que es el poder.
Tesis 5:  Es necesario sustentar la recuperación de la legalidad y de la legitimidad en un nuevo Contrato Social del cual emane el sistema jurídico, político e institucional.
Ante un Estado debilitado integralmente frente a las políticas económicas externas y endurecido frente a sus propias comunidades nacionales, la sociedad civil, depositaria del pasado y de las posibilidades del futuro, estaría llamada a jugar el papel preponderante en este nuevo acto del drama latinoamericano.
El tratamiento del fenómeno político nuevo que surge de la crisis de la Modernidad debe permitirnos pasar de la política como privilegio de pocos, a la política como ejercicio de todos; de la política como arte de la concentración del poder, a la política como arte del equilibrio del poder. En resumen, de la política como arte del poder, a la política como arte del bien común, entendido este último en términos de libertad, justicia social, democracia y Estado de Derecho.

3. LA DEMOCRACIA: CONCEPTO Y DESAFíOS ACTUALES
	
Los desafíos de la democracia imponen a ésta sacrificios y riesgos. En efecto, la democracia exige firmeza y flexibilidad, rigor y tolerancia, legalidad y legitimidad. Es el ejercicio del derecho de las mayorías, esto es lo fundamental, pero al mismo tiempo impone como correlato ineludible el respeto a las minorías. Si no fuese así, la soberanía de las mayorías y de la voluntad popular, se transformaría en la dictadura de los más sobre los menos. 
La mayoría serviría no para legitimar la voluntad general, sino para encubrir el autoritarismo, amparado en una consideración cuantitativa que destruiría su esencia cualitativa, que consiste en el respeto y protección legal de las minorías, en el reconocimiento y tutela jurídica de las diferencias.
El Estado de Derecho es a la vez causa y efecto, condición y consecuencia de la democracia. Por ello, sin Estado de Derecho no hay democracia, pues la subordinación del poder a la ley, que es la garantía de todos, desaparecería, y con ella, desaparecerían también el principio de legalidad y la regulación institucional, que origina y define el poder, que determina su intención y dirección, para dejarlo en manos de la fuerza, la ambición y el juego de los intereses personales o de grupo.
La democracia, además de un ejercicio legal e institucional, es también iniciativa de la ciudadanía. La participación ciudadana es la democracia puesta en práctica, la concreción de sus principios, objetivos y metas. Sin una ciudadanía activa, organizada y participativa, es muy difícil que la democracia exista en términos reales. 
El Estado tendría para sí el espacio total que resulta de la ausencia de la ciudadanía, e intrínsicamente ésto impediría un auténtico ejercicio democrático que no es prerrogativa exclusiva del Estado y las Instituciones del sector público. Sin excluir la tentación autoritaria que es implícita al poder y que se desarrolla cuando frente a éste no existe una sociedad consciente y propositiva.
En cierto sentido la democracia es un arte: el arte de los equilibrios, y desde este punto de vista la convergencia y balance entre la democracia representativa y la democracia participativa se vuelve una necesidad. Un sistema político no puede ser exclusivamente hijo de la legalidad y de las instituciones. La institucionalidad es necesaria pero no suficiente y podría ser contraproducente cuando el tejido jurídico institucional es excesivo y asfixia la iniciativa y la libertad. 
Es claro que el problema político en los países de América Latina no ha sido el exceso de Instituciones, sino su carencia y que es absolutamente necesario propiciar una cultura institucional; pero no hay que olvidar también otras experiencias en las que una rígida arquitectura institucional ha servido para legalizar toda suerte de abusos. Pregúnteseles si no a los movimientos disidentes de la Europa del Este.
La democracia requiere de un adecuado equilibrio entre las Instituciones y las expresiones libres de la sociedad, las que si bien en ningún momento deben violentar el marco de la Ley, ésta, no obstante, debe ser lo suficientemente amplia para dar cabida a las iniciativas de las personas y los grupos, a la creatividad y a la participación.
El balance entre las Instituciones y lo que no lo es constituye un componente imprescindible de la democracia. Este equilibrio no es estático sino dinámico; no se trata de una radiografía fija del cuerpo social y menos de una sociedad momificada, sino de una dialéctica en la que interactúan sabiamente la persona y el grupo, el Estado y la sociedad, la Ley y las costumbres, las Instituciones y los espacios de libertad espontánea y genuina en la que se expresan el individuo y el grupo.
La democracia es la conjunción armónica entre el Estado y la sociedad, y sobre todo entre el individuo, el Estado y la sociedad. Esa coherencia y armonía deben basarse en el ethos, esto es, en la conciencia, valores y anhelos del grupo social, en los rasgos comunes que provienen del pasado y de la historia y, principalmente, en el proyecto de sociedad, de Estado y de Nación que une por encima de las diferencias. La democracia no es tanto una realidad consumada como un proyecto inacabado, una búsqueda, una voluntad, una esperanza.
Para su construcción, que es constante, no bastan, como ya vimos, sólo las Instituciones o la voluntad social mayoritaria, sino que es necesario un referente ético y axiológico. Son los valores comunitarios, y diríamos ahora planetarios, los que constituyen el fundamento último de la democracia. La axiología es una condición imprescindible de su existencia y ejercicio. Lo contrario sería dejar en manos de mayorías parlamentarias y de coyunturas políticas momentáneas, que son las que hacen las leyes y crean las Instituciones, la naturaleza misma de la democracia, y esto es no sólo peligroso sino inaceptable. 
La democracia es equilibrio, movimiento, rigor, tolerancia, reconocimiento del otro, respeto de las minorías, derecho a la diferencia, y, sobre todo libertad en todas sus expresiones. Libertad de la persona, del ser humano de carne y hueso, verdadero destinatario de la política. Libertad que es garantía de su dignidad e integridad la que no debe jamás sacrificarse a las grandes abstracciones del Siglo XX:  el Estado, el Partido, el mercado, la historia, la ideología.
“La democracia - dice Victor Massuh- ha demostrado ser un valor universal”... “la democracia se convirtió en el ideal del hombre común, en la expresión de aquello que identifica al ser humano genérico, es decir, al habitante de cualquier lugar de la Tierra: la libertad”.
“La libertad es la experiencia constitutiva de lo humano genérico, es el primer acto de lo universal válido para cualquier espacio y tiempo”... “Es certera la sabiduría bíblica cuando señala que se puso en manos de la criatura el arbitrio de elegir la salvación o la condenación y que aun contra ese arbitrio nada puede la voluntad del Creador. La libertad es el espacio ante el cual Dios se detiene porque es allí donde el ser humano se crea a sí mismo. Es el acto fundante por excelencia y en la democracia halla una expresión suprema”.1  
En lo que concierne al destino de la democracia, pensamos, como ya dijimos, que es imprescindible la construcción de un nuevo Contrato Social que reconcilie las contradicciones y rupturas de la sociedad contemporánea.
El nuevo Contrato Social tendría que buscar la reconciliación entre la libertad económica y la libertad individual, desarrollar una conciencia crítica que ayude a superar los ídolos sean éstos de derecha o de izquierda y se traten del Estado Absoluto o del Mercado Total, restablecer la ética como fundamento de la política y la jerarquía entre los medios y los fines.
Consolidar el Estado de Derecho, en sus expresiones de Estado de Derecho, Estado Social de  Derecho  y  Estado  Democrático  de  Derecho, mejorar las instituciones y su eficacia, y, sobre  todo  la  conciencia  colectiva  sobre  ellas;  pues la llamada ingeniería política sin un cambio en la cultura política, en la conciencia colectiva y en la ética, resulta claramente insuficiente para lograr los objetivos esperados de las instituciones.
Asumir que el sistema político, las Instituciones y los instrumentos tecnológicos son medios y no fines y que el fin último de todo desarrollo es el ser humano y la sociedad, que desarrollo no es sólo crecimiento si éste no incide favorablemente en la calidad de la vida.
Tener claro que, aunque en su origen, la democracia moderna, fue consecuencia y no causa de la modernidad, en el momento actual entre modernidad y desarrollo hay una relación dialéctica en virtud de la cual ambos términos son a la vez causa y efecto y se complementan necesaria y recíprocamente.
Tener claro, asimismo, que la existencia de una clase media fuerte, organizada y participativa es requisito indispensable para la democracia. Sin una clase media con esas características la democracia no es posible.
Reunificar legalidad y legitimidad, pues aunque el poder debe estar sometido a la Ley, la Ley debe estar sometida a la voluntad popular y a una ética política formada por un conjunto de valores universalmente aceptados.
Para toda América Latina, resulta imprescindible reunificar el país legal y el país real,2  del que habla Octavio Paz y superar “la separación esquizoide del derecho y la práctica”.3 
Establecer, tanto en la teoría como en la práctica, la relación que existe entre las Instituciones y la vida económica y social. La gobernabilidad democrática  y  la  estabilidad que produce, es condición para que un proceso de desarrollo pueda iniciarse y consolidarse, a la vez que la atención de los problemas económicos y sociales es una condición para que la gobernabilidad democrática se consolide.
Establecer los términos necesarios para que una reforma del Estado, de la economía y la sociedad se produzcan como garantías de la democracia y el desarrollo.
La construcción de la democracia exige, en consecuencia, el fortalecimiento de las Instituciones, la adecuación entre el mundo económico y social con el mundo institucional, y la construcción de un auténtico Estado de Derecho que subordine el poder a la Ley. Todo ello, a partir del Contrato Social que establezca los consensos imprescindibles para definir las reglas del juego de la sociedad y el Estado: Acuerdo Nacional Estratégico que comprendería los acuerdos sectoriales sobre temas más específicos de lo que constituye la vida económica y social de los diferentes sectores de un país.
La subordinación del poder a la Ley y de la Ley a los principios y valores nacionales y universales que regulan la vida contemporánea, constituye la condición necesaria para la construcción, desarrollo y consolidación de la democracia.
En una cita del filósofo español José Luis Aranguren recogida por Enrique Bonete Perales en su obra,  Aranguren: La Etica entre la Religión y la Política,  se expresa: “La democracia no es un status en el que puede un pueblo cómodamente instalarse. Es una conquista ético-política de cada día, que sólo a través de una autocrítica siempre vigilante puede mantenerse, como decía Kant de la moral en general, una tarea infinita en la que si no se progresa se retrocede, pues incluso lo ya ganado ha de reconquistarse cada día (...) La democracia nunca puede dejar de ser lucha por la democracia (...) antes y más profundamente que un sistema de Gobierno es un sistema de valores que demanda una reeducación político-moral (...) el intelectual deberá ejercer una función moralizadora, crítica, utópica y heterodoxa respecto a la democracia establecida”.4 

4. LOS DERECHOS HUMANOS

¿Sobre qué se basan los Derechos Humanos para alcanzar esa autoridad planetaria? ¿Cuáles son sus fundamentos filosóficos? ¿De dónde emana su imperatividad normativa?
Filosóficamente no pueden separarse los Derechos Humanos de las Teorías del Derecho Natural que sostienen que existen derechos anteriores y superiores a la Ley escrita, los cuales deben ser reconocidos por la norma jurídica y adoptados por el Estado de donde emana su obligatoriedad formal.
Los Derechos Humanos son, entonces, la versión contemporánea de la Doctrina del Derecho Natural, sea del Jusnaturalismo Cristiano que los hace provenir de Dios, sea de la Escuela Clásica del Derecho Natural que los hace derivar de la razón y de la naturaleza.
Con la Revolución Racionalista de los siglos XVII y XVIII, Kant, y sobre todo Spinoza, fortalecieron la idea de persona a partir la razón. Pero no todos los Derechos Humanos pueden ser asimilados a Derechos Naturales. Algunos como la vida, la libertad y la dignidad, provienen de esa raíz jusnaturalista; otros, como los derechos de asociación, libertad de expresión y autodeterminación de los pueblos, entre otros, son de origen histórico.
El fundamento filosófico de los Derechos Humanos, tiene entonces una doble vertiente: 
-  El  Derecho Natural,  sea que  esté  basado en la idea de Dios,  la razón o la  naturaleza; y
-  La Historia, en virtud de la cual y en atención a determinados momentos y circunstancias se han venido estableciendo nuevos Derechos Humanos, como los derechos a la salud, a la educación y al trabajo, por ejemplo, u omitiendo otros, como el de la propiedad, consagrado en la Declaración Universal de 1948, pero omitido en los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, de 1966.
Los Derechos de la Declaración Universal, son los derechos individuales que constituyen derechos y garantías fundamentales de la persona, consagrados en lo que se denomina la parte dogmática de las Constituciones políticas: 
- Son la vida, la libertad, la dignidad, la justicia, la paz, la igualdad de derechos, la seguridad, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la no retroactividad de la ley, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la nacionalidad, a la propiedad,  a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de expresión, de reunión, de asociación, el derecho a la salud, a la seguridad social, al bienestar, a la calidad de la vida y a la cultura. Son también los derechos de igualdad entre los sexos, reconocida en los considerandos de la Declaración y en el artículo 2 numeral 1 de la misma. 
A partir de ahí se ha desarrollado toda una Legislación Internacional en pro del reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo que considerado en conjunto con la lucha por la reivindicación de los mismos, ha conformado uno de los movimientos más significativos en la historia de la segunda mitad del Siglo XX.
Quiero finalizar haciendo tres señalamientos:
1. Creo necesario completar la Declaración dándole carácter de norma a un conjunto de Derechos Humanos, dirigidos específicamente a la situación de deshumanización que proviene de una práctica deformada y deformante del desarrollo y la tecnología. Esto requiere, por su parte, la reafirmación del ser humano como sujeto y destinatario de los procesos de desarrollo y el restablecimiento de la persona como un fin en sí y de los instrumentos tecnológicos como medios a su servicio.
2. Es importante garantizar jurídicamente la aplicación imperativa de los Derechos Humanos, sea mediante la incorporación en la legislación interna de los contenidos de las declaraciones y tratados sobre la materia; sea mediante la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales, los que serían integrados así a las legislaciones internas y a los que debe conferírsele un status privilegiado en la jerarquía de las normas jurídicas.
3. Es necesario que los Derechos Humanos además de filosofía, ética y norma, se transformen en práctica y costumbre, mediante su conveniente inserción en los planes y programas de estudios formales y en la puesta en práctica de programas sistemáticos no-formales y extracurriculares, que garanticen conjuntamente una difusión apropiada, tanto en cantidad como en calidad.
La mejor forma de promover los Derechos Humanos es haciendo que las declaraciones se transformen en conductas y que los Derechos Humanos en lugar de un objetivo más o menos lejano, pasen a ser el punto de partida para la construcción de un mundo más justo, digno y humano.